P. Edronkin

Don Ibarra y sus decretos (Parte iI).



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"No deja de resultar más que llamativo que un tema olvidado por seis años se ponga en marcha justo ahora que la ley no le favorece al gobierno pues claro, de hacerle caso dejaría de cobrar una jugosa suma cada mes.

Resulta que desde hace un tiempo, el gobierno municipal de la ciudad licitó a un agente privado la explotación del servicio, de modo que es una compañía privada la que administra el sistema de cámaras, obtiene las fotografías, y luego, en base a las mismas y como testimonio o evidencia, se citaba a los supuestos infractores al tribunal de faltas correspondiente.

Frente a tales circunstancias, los acusados contaban con la opción de pagar las multas correspondientes con un descuento de algo así como el 40% de su valor y sin que la infracción fuera anotada en su registro, o bien podían decidir defenderse frente al juez y en caso de perder la demanda tendrían que abonar la diferencia.

Esto es, en cierta medida, vilificar a la justicia; reducirla a un cálculo económico que obviamente, muchos no podrán rechazar, pero también implica ponerle un precio al hecho de tener un derecho a defender el propio punto de vista, pues si bien muchos pueden ser culpables de cometer infracciones, inducir a la gente a “reconocer” culpas sobre la base de una oferta monetaria es un despropósito tal que hace dudar de la verdadera intención democrática de quienes promulgaron semejante cosa."





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