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TELECOMUNICACIONES: EL DAÑO RADIOELÉCTRICO (II)



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El documento que se extienda por autoridad competente, por funcionario público, con las formalidades que las normas imponen y que dé constancia de las circunstancias que he indicado es un documento que es instrumento público, cuya naturaleza jurídica y eficacia probatoria ya ha abordado y decidido la doctrina y la jurisprudencia.

Como documento público, tal constancia no solo es eficaz para dar intervención a la Autoridad de Control en la materia - la Jurisdicción Administrativa-, sino también a la Jurisdicción Judicial Federal y al Ministerio Público y, a los fines que el Juez o el Fiscal consideren corresponda y es posible hacerlo simultáneamente, con identificación del funcionario actuante con utilización de firma digital certificada por la debida Autoridad Certificante para tráfico de esta naturaleza, por correo electrónico, en el ámbito nacional, en la circunstancia mas inmediata de la constatación del daño radioeléctrico que multiplica su peligrosidad por su alcance y potencialidad.

No se trata de imputar la comisión de un delito en ese momento primero y previsor a una persona determinada como causante del daño radioeléctrico, sino de notificar fehacientemente de su existencia, la del daño mismo, el lugar de verificación del lugar del mismo y naturaleza radioeléctrica de la señal interferente y de la interferida, porque aquella. por si misma puede ser la causa de un peligro real y potencial a los sistema de seguridad del trafico aéreo, inclusive es posible, con la ignorancia de los responsables de la estación que emite produciendo el "daño radioeléctrico".

La acción ante la Jurisdicción Judicial y el Ministerio Público, en la forma descripta, es una denuncia sobre la comisión de un daño y peligro y la posible comisión de un delito y, es ab initio, solo "posible" porque el transcurso del tiempo en esa circunstancia es crucial, como lo impone la tarea posterior de monitoreo de identificación ( radiolocalización ) de la fuente de las emisiones interferentes, tarea ésta en que no deja de ser competencia en ambas jurisdicciones en la instancia descripta de identificación de la existencia del daño radioeléctrico, como causa de mayor peligro cierto y potencial, por las frecuencias radioeléctricas dañadas y los propósitos que estas tienen de acuerdo a las atribuciones y asignaciones de bandas de frecuencias ( Tierra-Aire ), que se infieren del Reglamento de Radiocomunicaciones para los servicios de navegación aérea. -que es parte, con el Convenio y la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la legislación nacional.





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