El Gea

Legalización de la contaminación por transgénicos por decreto en España (III).

Por Greenpeace España.


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· Con respecto a las normas específicas de coexistencia para el cultivo del maíz, quedan difusas tanto la obligación de los agricultores que cultiven variedades MG de comunicarlo como el cumplimiento de la distancia de seguridad, ya que sólo se hace referencia a las parcelas limítrofes y queda indefinido para parcelas que no sean colindantes pero que queden dentro de la distancia de seguridad establecida.

· Las medidas específicas para el cultivo del maíz son técnicamente poco realistas dada la indiosincracia del mundo rural y la inseguridad jurídica en la que se mueven los agricultores (por ejemplo, la posibilidad de programar la floración de diferentes variedades no es realista).

· No queda claro el régimen sancionador a aplicar por incumplimiento de la normativa sobre coexistencia, ya que la ley 9/2003 de 25 de abril no establece claramente la tipificación y graduación de la infracciones en coexistencia y el proyecto de Ley de semillas que actualmente está en tramitación parlamentaria sólo será aplicable a los incumplimientos de la normativa de coexistencia por los cultivos de producción de semillas (y no por el cultivo de grano).

El MAPA debe explicar quien será responsable de las pérdidas que provoque el Real Decreto, aspecto nuevamente omitido. Asimismo tendrá que explicar cómo se resolverá la pérdida de biodiversidad, la aparición de resistencias que provocan los transgénicos y el resto de daños causado por estos cultivos.

Los firmantes consideran contradictoria la postura de Medio Ambiemte, que en el último Consejo de Ministros de la Unión rechazó la propuesta de la Comisión de levantar las moratorias nacionales de algunos estados de la UE.

Por eso reiteran su preocupación por el hecho de que España sea el único Estado europeo donde se cultivan variedades retiradas por la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea y prohibidas en otros países y que no se respete la segregación de cultivos, la trazabilidad y los registros públicos.





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