El Gea

Evolución de los gases de efecto invernadero desde 1990 en Cataluña (II)

Por José Santamarta director de World Watch - worldwatch@nodo50.org.


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Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), es de esperar una política más beligerante por parte de la Administración. Esta situación es especialmente grave en Cataluña, dada la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas mediterráneos debida a la baja tasa de renovación del suelo y del agua en gran parte de la región. El cambio climático agrava los procesos de desertificación y erosión, la escasez de recursos hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas y en los bosques.

En la ola de calor del año 2003 en Barcelona murieron 1.674 personas más en los meses de julio y agosto (un 27% más que en el mismo periodo de 2002), en Girona 113 personas (un 13,15% más que en 2002), en Lleida 49 (un 7,63% más) y en Tarragona no hubo cambios apreciables. El gobierno del PP retrasó y ocultó los datos de las muertes reales por la ola de calor y la contaminación por ozono troposférico, para evitar un debate como el generado en Francia, donde murieron 15.000 personas más en el verano de 2003.

Los daños a la agricultura por la sequía actual, según las organizaciones del sector (UPA, COAG y ASAJA), ascienden a más de dos mil millones de euros. Las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales han sido igualmente cuantiosas en varias regiones, como Cataluña, y el consumo de electricidad aumenta todos los veranos a causa del mayor uso de las instalaciones de aire acondicionado.

El cambio climático es una realidad, que obliga a adoptar políticas serias para reducir las emisiones y mitigar sus consecuencias. El coste de no actuar será muy superior al de las inversiones necesarias para reducir las emisiones de gases de invernadero y prevenir los efectos.

El gobierno español, como demuestra el aumento de las emisiones, tiene por delante una difícil tarea para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Lo mismo puede decirse del tripartito en Cataluña, y desde luego el borrador de Plan Energético es un mal camino. Tanto en España como en Cataluña el cumplimiento del Protocolo de Kioto es un compromiso electoral y de gobierno. La realidad, tan tozuda, dirá, y ya haremos el oportuno inventario para "examinar" los resultados. Las emisiones, en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 45,6% en España entre 1990 (año base) y 2004, cifra que triplica al 15% al que se ha comprometido el gobierno de España en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por considerarlo excesivo. En Cataluña el aumento asciende al 37%, y duplica con creces lo permitido en el Protocolo de Kioto.


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