El Gea

Evolución de los gases de efecto invernadero desde 1990 en Cataluña (XIV)

Por José Santamarta director de World Watch - worldwatch@nodo50.org.


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Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto van a jugar un papel importante (el 7% de las emisiones del periodo 2008-2012), por la dificultad de conseguir las reducciones deseadas sin afectar al empleo y a la actividad económica. El PNA hace hincapié en el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), dada la presencia de empresas españolas en Latinoamérica. El periodo base para el PNA son las emisiones de los años 2000, 2001 y 2002, y afecta a unas 1.000 instalaciones.

Las emisiones tienen su origen tanto en las actividades industriales, como en los sectores difusos (agricultura, sector comercial y los consumos de energía de los ciudadanos). El Gobierno exigirá de las empresas industriales el esfuerzo correspondiente de limitación de sus emisiones, pero asume que no es la industria quien debe hacer frente al exceso de emisiones "difusas". El esfuerzo de cumplimiento debe basarse en el principio de "quien contamina paga", y el Gobierno debe poner los medios para que dicho principio se aplique de forma equitativa.

El PNA ha asignado derechos de emisión a 146 instalaciones. En 2005 la central termoeléctrica de carbón de Cercs podrán emitir 0,43 Mt de CO2, y en 2007 0,34 Mt de CO2. Las 4 centrales de ciclo combinado podrán emitir 2,3 Mt de CO2 en 2007. Las 2 refinerías de petróleo de Tarragona podrán emitir 2,93 Mt de CO2 anuales entre 2005 y 2007 y las 6 fábricas de cemento podrán emitir 6,3 Mt de CO2. El transporte representa el 26,8% del total de las emisiones de Cataluña, habiendo experimentado un aumento de más del 36% entre 1990 y 2004; el 25% del aumento experimentado en Cataluña se debe al transporte.

Las emisiones, con el PNA, aumentarán un 24% en el periodo 2008-2012 respecto al año base 1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales, que parten de 1995). Ello supone una reducción del 22% respecto a las emisiones de 2004 (46%) y del 30% respecto a las emisiones tendenciales según los planes dejados por el anterior gobierno del PP. Alcanzar tal objetivo no va a ser una tarea fácil, y sólo se podrá lograr con un gran consenso de la sociedad española, las diferentes administraciones públicas (gobierno, Comunidades Autónomas y municipios) y las empresas, que deben tomarse el cambio climático en serio, y comprender que la reducción de emisiones, más que un sacrificio, es una oportunidad de modernización y de equidad generacional.

La diferencia entre ese 24% y el 15% se cubre con sumideros (2%) y la adquisición de derechos en el exterior merced a los mecanismos de flexibilidad (7%, 20 Mt anuales). Los mecanismos citados son la Aplicación Conjunta (proyectos de reducción entre países industrializados), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (proyectos en los países en desarrollo) y el comercio de emisiones. El coste de adquirir ese 7% irá de 100 a 200 millones de euros anuales, aunque todavía es muy pronto para hacer estimaciones fiables, pero tal cantidad es asumible y muy inferior, por ejemplo, al incremento del precio del petróleo.


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