El Gea

Irregularidades y ocultaciones del gobierno mexicano ante la reunión de Protocolo de Cartagena (I)

Por Greenpeace México.


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A pesar de que Víctor Manuel Villalobos Arámbula, subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, está sometido a procesos tanto administrativo como penal (1) debido a la firma del ilegal "TLC transgénico" (2), el gobierno mexicano lo ha incluido en la delegación mexicana que participará en la segunda reunión de partes (COP 2) del Protocolo de Cartagena, que se realizará en Montreal del 30 de mayo al 3 de junio, denunciaron Presencia Ciudadana, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Unión de Grupos Ambientalistas (Ugam), Bios Iguana y Greenpeace.

Más aún las siete secretarías de estado que componen la delegación mexicana (Sagarpa, Ssa, Economía, SHCP, SEP, SRE y Semarnat) están ocultando información y evadiendo comprometerse con la sociedad mexicana, pues hasta ahora se han rehusado a hacer pública la posición que el gobierno mexicano mantendrá en esta reunión, señalaron las organizaciones.

Sobre Villalobos las organizaciones señalaron que en la primera reunión del Protocolo boicoteó las negociaciones en nombre de México, a fin de salvaguardar los intereses de Estados Unidos y Canadá, países que no son parte del Protocolo pero tratan de incidir en las negociaciones.

"Es necesario recordar que en la primera reunión, celebrada en Malasia, en febrero de 2004, Villalobos defendió los intereses del Grupo Miami (3), al boicotear los consensos a los que habían llegado los miembros sobre la obligatoriedad de identificar los OGM. Por Villalobos el etiquetado quedó como un acto voluntario. La posición de Villalobos nunca fue consensada por la delegación mexicana", dijo Areli Carreón, coordinadora de la campaña de consumidores de Greenpeace. "Es inaceptable que luego de desempeñar este vergonzoso papel, el gobierno envíe a negociar a quien ha demostrado una y otra vez que está al servicio de las corporaciones y no del país".

Sobre la posición de México, desde el pasado 13 de abril las organizaciones dirigieron una carta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) solicitando discutir y definir públicamente la postura de la delegación mexicana. Ante la falta de respuesta, las organizaciones solicitaron el pasado 18 de mayo que nuestro país defendiera estos puntos: establecer un régimen de responsabilidad obligatorio para las empresas basado en el principio de "quien contamina, paga"; en el que se especifique qué es un daño, quiénes son los responsables, los estándares de responsabilidad; que todo ciudadano tenga acceso a las instancias judiciales para demandar la reparación del daño; que se establezca un fondo de compensación y reparación de daños causados por accidentes o desastres que tengan consecuencias más allá de las que es posible remediar a través del régimen de responsabilidad mencionado en primer término.


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